Por Juan López.
Los odiosos y tediosos “tapones en horas picos” de
las principales ciudades, el caos en el transporte público urbano, las
peripecias de los motoristas (motoconcho, delivery y los que “calibran”), las
imprudencias y abusos que cometen los
grandes autobuses, las “guaguas
voladoras” y carros de conchos para montar o desmontar un pasajero, las
improvisadas paradas de autobuses y
taxis, la extensa lista de accidentes de tránsito con la secuela de la enorme cantidad de heridos y muertos que
colocan a la R. Dominicana (RD) en los primeros lugares del ranking de los
países con mayor cantidad de siniestralidad en el tránsito vehicular.
A ese
montón de indeseados “piropos” agreguemos estos tres: a) Ley de Tránsito (No.
241-67) obsoleta, irrespetada y burlada por los ciudadanos y mal aplicada por
las autoridades. b) “Macuteo” e irracionales operativos que montan agentes
policiales. Y c) La ausencia de un verdadero régimen de
consecuencia para las frecuentes violaciones, abusos e imprudencias que,
diariamente, se cometen en el transporte de pasajeros y de carga en la RD.
Esas
son las razones por las que hay consenso nacional y sonoros vítores ante la
reciente aprobación y promulgación de la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Los mandatos de los 360
artículos que contiene esta
importante Ley y el conjunto de
Reglamentos (unos 30) que, a la mayor brevedad posible, se deben elaborar para
su correcta aplicación son las esperanzas que nos motivan a dar las más
sinceras y cálidas bienvenidas a la nueva Ley No. 63-17.
Se impone realizar una amplia divulgación y buena socialización de
las disposiciones de la Ley No. 63-17 de Tránsito, el respeto a sus disposiciones por parte de
los ciudadanos por conciencia o temor al
novedoso régimen de consecuencias y multas (empezando por el equivalente a un
salario mínimo) que se aplicarán a
quienes la irrespeten o violen son
positivos augurios para la necesaria modificación de la “cultura de sálvese quien
pueda” en el pésimo tránsito vehicular
que padecemos los nativos y
visitantes de la RD.
Empecemos desde ya a exigir que las autoridades competentes
procedan a realizar una buena promoción del conjunto de consecuencias y montos
de las diferentes sanciones que se aplicarán a los infractores de las normas
establecidas.
Que el gobierno proceda a materializar la fusión de las diversas
instituciones estatales que “mal operaban”
en todo lo relacionado con la movilidad, transporte terrestre, tránsito
y seguridad vial para dar paso al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT) que, en lo
adelante, regulará todo el sistema de transportación pública en nuestro país.
Exhortamos a los responsables de los diferentes medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil a “poner sus granitos de
arena” para contribuir con la promoción y correcta implementación de los
dispositivos y nuevas regulaciones de la Ley No. 63-17.
También es propicia la ocasión para incluir en las enseñanzas de
nuestros estudiantes (niños, adolescentes y jóvenes) los principales preceptos
de la Ley No. 63-17 como parte de las buenas normas cívicas que rigen a las
sociedades modernas, civilizadas y
respetuosas de la convivencia armoniosa y pacífica.
En ese contexto, aplaudimos la rápida decisión de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Santo Domingo Este que ya aprobó su programa municipal de vialidad, el cual está consensuando
con los sectores que están llamados a participar en su ejecución, lo cual es
parte de las competencias quela Ley No. 176-07 asigna a los gobiernos municipales y es digno de tomar como positivo ejemplo a
seguir.
En el
Congreso Nacional fue necesario esperar más de diez años para la
aprobación de la nueva Ley No. 63-17 y
su reciente promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Aunque todavía es
perfectible, ha sido muy bien recibida por la generalidad de los dominicanos.
Por lo
tanto, apuremos el proceso para elaborar sus respectivos Reglamentos y la
pronta constitución del INTRANT que será la principal institución con la
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir sus mandatos.
Si así
lo hacemos, podríamos superar el caos en
el transporte, reducir a su mínima
expresión los accidentes en el transporte terrestre y sacar a la RD del ranking
de los países con mayor siniestralidad y cantidad de heridos y muertos que
generan el irrespeto e inobservancia a las leyes y normas cívicas en el
tránsito y la seguridad vial.
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